Por
desgracia, esta situación comienza a ser demasiado habitual: se avecina una
nueva crisis derivada de un producto financiero complejo.
Una
vez más, el abuso de confianza de una entidad bancaria para con sus clientes ha
derivado en lo que puede ser una nueva crisis en el sector. En esta ocasión hablamos
de los llamados “Bonos Convertibles” emitidos por Banco Popular.
Se
trata de unos bonos subordinados que el próximo 25 de noviembre, llegado su
vencimiento, deberán canjearse de forma obligatoria por acciones de la propia
entidad a un precio de 17,69 euros, siendo su valor actual de 3,7 euros por
acción. Esto supondrá unas pérdidas de casi un 80 % en la inversión de los más
de 35.000 clientes que suscribieron este producto.
Estos
Bonos Convertibles, como viene siendo habitual en productos similares, fueron
ofrecidos por Banco Popular, en su mayor parte, a clientes de perfil minorista,
sin saber éstos exactamente los riesgos que entrañaba la operación.
Y es que este producto nace en el año 2009,
con fecha inicial de vencimiento en 2013, pero en 2012 –previendo la entidad un
serio peligro de pérdidas- se lanza una segunda emisión para renovar la
primera, ampliando el vencimiento hasta el 25 de noviembre de 2015. He ahí lo
llamativo, puesto que desde 2012, la entidad se ha visto inmersa en una
ampliación de capital y una caída en el precio de las acciones que derivó en un
“contrasplit”.
Llegada
la fecha de vencimiento, los afectados por esta operación recibirán las
acciones del Banco Popular con una pérdida tal que, si deciden esperar a la
revalorización de las mismas, deberán tener en cuenta que las acciones tendrían
que subir más de un 80 % para que pudieran recuperar las pérdidas, por lo que
no se antoja como una solución.
A
favor de los afectados, está el momento en que la entidad ofreció la
renovación, es decir, 2012. A partir de ese momento, las acciones de Banco
Popular iniciaron su descenso. Parece evidente que el banco podía, como mínimo,
sospechar la situación que se avecinaba en el momento de ofrecer esa renovación
anticipada, cuando el vencimiento se iba a producir en 2013.
Por
otro lado, el perfil de gran parte de los afectados, como sucedía en otras
crisis de otras entidades que hemos visto en los últimos años, vuelve a ser
alejado del entendimiento completo de los riesgos de un producto de estas
características.
Ante
la negativa de la entidad de ofrecer ningún tipo de acuerdo grupal a los
afectados, no queda otra opción que tratar de buscar soluciones individuales
que, muy probablemente, derivarán una vez más en demandas individuales como las
que ya se están interponiendo.
